A VUELTAS CON LA ECONOMÍA (2)

     Como anticipé en el artículo anterior, me dispongo en éste a analizar la formación de la burbuja inmobiliaria española. Finalizaré proponiendo algunas medidas de política económica.

         El Euro y la burbuja inmobiliaria:

La introducción del euro en el proyecto de la UE removió no pocos recelos de los inversores para invertir en economías menos desarrolladas como la española, lo cual propició la entrada de considerables flujos de capital extranjero. Tales flujos eran necesarios para financiar los déficits comerciales típicos de una economía de perfil importador, pero también sirvieron para alimentar las apetencias de un sector que desde tiempo atrás venía pegando fuerte: el de la construcción —y, en particular, el de la construcción residencial—. Dicho sector, espoleado a su vez por la política de liberalización del suelo emprendida por el partido gobernante, emprendió una senda de crecimiento que requería del concurso del ahorro exterior, puesto que la capacidad financiera propia no era suficiente. He aquí, pues, la antesala de la incipiente formación de la tan nefasta burbuja inmobiliaria.

        Uno de los rasgos característicos de la burbuja fue la acumulación de un elevado volumen de deuda privada: de los bancos españoles frente a instituciones extranjeras —porque como hemos dicho no había ahorro suficiente dentro del país— y de los promotores inmobiliarios, constructores y familias frente a nuestros bancos, que no ponían especial reparo en conceder préstamos hipotecarios, al observar que los precios de los inmuebles que garantizaban sus operaciones subían sin cesar.

        Fue por entonces cuando se hizo célebre aquella frase de “España va bien”. La economía comenzó a crecer por encima de la media europea, el paro disminuía, el estado obraba sin estrecheces —la deuda pública se mantenía en niveles discretos, al tiempo que había superávit presupuestario, garantizado por la mayor recaudación impositiva—, y el sector privado recibía los créditos que precisaba: de poco servían las advertencias de que crecer de esa manera no era saludable; nadie quería oir hablar de que el sector de la construcción, intensivo en mano de obra, tenía tanta facilidad para crear empleo de baja cualificación como para destruirlo.

         Y nada o muy poco se hizo por acometer aquellas reformas estructurales de las que tanto oímos hoy, aunque sea en otro sentido. A la clase política no le interesaba entrar a fondo en algunas deficiencias estructurales de nuestro sistema económico: entre ellas, la baja competitividad de nuestro sistema productivo, de la cual no se podía hacer responsable en exclusiva a las elevaciones salariales, sino también a unos métodos empresariales y organizativos poco eficientes. Ni tampoco le llamaba la atención reparar en ciertas facetas mejorables, como la debilidad exportadora, la discreta calidad de la enseñanza universitaria y su desconexión del mercado laboral, la eficiencia del estado autonómico, el bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo, la perfectible unidad de mercado, el prolijo funcionamiento de la administración de justicia o los obstáculos para emprender nuevos negocios. Y cuánto más grave fue no preocuparse de aquello cuando ya eran conocidos los impedimentos con los que eventualmente se habría de topar la política nacional para combatir la inercia de un ciclo económico desfavorable: me estoy refiriendo a las restricciones derivadas del diseño de la política monetaria europea, que expliqué en el artículo anterior.

        

         Por todo ello, cuando estalló la burbuja, el mecanismo de crecimiento explicado operó a la inversa sobre una estructura económica necesitada de reformas que atenuaran el impacto de una crisis precipitada desde el exterior sí, pero que de todas maneras no hubiera tardado mucho en producirse por nuestros propios méritos. Así, el frenazo de la actividad y del empleo propició una brusca caída de los ingresos tributarios, que pronto comenzó a manifestarse en el déficit de las cuentas públicas y en la subsiguiente desconfianza de los mercados de deuda, traducida en la inoportuna exigencia de suculentas primas de riesgo.

       Lo demás es conocido y sufrido por todos: con la economía en recesión y el gobierno sin poder echar mano de políticas de estímulo hasta ahora descartadas por Europa, no quedan más que dos caminos: degradar el estado, echando a perder gran parte de los avances redistributivos logrados con el esfuerzo de todos, y/o hacer el ajuste por el lado del sector privado a través de una devaluación interna, esto es, mediante un descenso de salarios, beneficios y precios que permitiese recuperar competitividad en el exterior a cambio de rebajar nuestro nivel de vida.  

        

        En cuanto a la situación del sector público, está fuera de discusión que racionalizar su gasto y disponer de unas finanzas saneadas es más que conveniente, pero en ausencia de los mecanismos de política económica citados y en presencia de inversores que desconfían de países que no crecen (inversores que, además, muchas veces provocan el autocumplimiento de sus propias perspectivas desfavorables) las cosas se complican mucho. En una economía en la que, además, el consumo público supone alrededor de un 20 por ciento del PIB, se necesitan mayores plazos para llevar a cabo el ajuste, y no drásticos sacrificios que dan cuerda a la siguiente cadena de implicaciones: recorte del gasto público → caída del PIB → deterioro de los ingresos públicos → subida de impuestos → deterioro del consumo → nuevo deterioro del PIB. Sobre esto, hay que hacer hincapié en la suma importancia que tiene la caída del consumo, si tenemos en cuenta que el gasto de los hogares españoles sobrepasa con creces el 50 por ciento del PIB: es decir, que más de la mitad de la producción total del país se destina al consumo privado, y si éste cae es difícil que la oferta –la producción– aumente.

 

          Para finalizar, después de haber expuesto en este artículo y en el anterior ciertas claves para comprender el estado actual de las cosas, dejo esbozadas algunas medidas que podrían mejorar las perspectivas de la economía española:

·  Rediseño del papel del BCE: mayor actuación a favor del crecimiento, política monetaria más expansiva. Compra activa de deuda pública de países en riesgo. Asunción de mayores tasas de inflación a corto plazo.

· Mayor integración fiscal: eurobonos o cualquier sistema de avales que permitan acabar con las primas de riesgo en las deudas soberanas de los países de la zona euro. Con ello, los inversores tendrían que invertir en bonos de la UE -sin distinción del país emisor- o en bonos nacionales de solvencia garantizada.

· Mayor integración del sistema financiero: mecanismos de apoyo directo a la banca y no meros préstamos. Fondo de garantía de depósitos europeo. En este sentido, la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) parece que podría ir en la buena dirección.

·  Políticas fiscales expansivas (aumento del gasto público, bajada de impuestos) en los países más avanzados de Europa –léase Alemania– que promuevan un crecimiento  propio que a su vez eleve precios y salarios para reequilibrar la competitividad de los países periféricos. De esto comienza a hablarse ya dentro de la misma Alemania.

· En España: política pública de I+D+i, mejora del sistema educativo, no más subidas de impuestos ni más recortes de los que se han llevado a cabo.