RENOVABLES: SÍ Y POR QUÉ

En los últimos tiempos no hemos dejado de asistir, en multitud de medios de comunicación, a una insólita cruzada contra las energías renovables, acusadas de cuantos males nos acucian en tan intrincado asunto –oscurecido adrede, pudiera pensarse– como es el de la electricidad.

  El argumento esgrimido ha sido el de responsabilizar a las compensaciones –las tan denostadas primas– satisfechas a los productores de tales tipos de energía de los elevados precios de la electricidad que sufrimos en nuestro país.

  Pues bien, para saber con propiedad de lo que estamos hablando, debemos explicar que con las renovables nos hallamos ante un claro ejemplo de lo que en Economía se conoce como externalidades, en este caso positivas. Ello significa que hay ventajas asociadas a la implantación de tal tecnología que el mercado no detecta, al menos a corto plazo, lo cual supone que hay un precio de partida que en principio nadie estaría dispuesto a pagar. Dichas ventajas son las siguientes: además de contribuir decisivamente a la sostenibilidad medioambiental, las energías renovables (eólica, solar fotovoltaica, termosolar o eólica marina) fomentan la innovación tecnológica –con su consiguiente repercusión en un crecimiento de alto valor añadido, tanto en el sector doméstico como en el exportador, tan de moda–, reducen la dependencia energética del exterior y además permiten la utilización de las fuentes tradicionales (térmica, nuclear o hidroeléctrica) de una manera más racional y eficiente, potenciando su uso en períodos de escasez de las primeras (así, en períodos de menos sol o viento).

  Ello constituye un argumento de justificación del apoyo que precisa cualquier inversor para involucrarse en una actividad que requiere de una apreciable inversión inicial, y en la que, además, se produce una fuerte caída de los costes de establecimiento y una considerable mejora de su eficiencia a medida que ésta se desarrolla (valgan como ejemplos que el coste de los módulos solares fotovoltaicos registra desde 2008 una caída superior al 80%, y que actualmente hay molinos con una potencia 20 veces superior a la de hace relativamente poco)(1). Es decir, que si un potencial inversor sabe que comenzar es muy caro y no tan eficiente, pero que después esto deja de ser rápidamente así, lógicamente preferirá diferir su entrada en el negocio hasta que éste alcance un estado de madurez superior. O sea, que sin inversión inicial, cara y poco eficiente al comienzo, la máquina no echa a andar por sí sola, y por ello se optó en su día por el establecimiento de unas primas al productor que ahora se han propuesto reducir, incluso retroactivamente, atentando contra la seguridad jurídica. No parece que sea un buen camino.

  A lo cual hay que añadir que el problema de fondo del llamado déficit de tarifa –la diferencia entre el coste de producción de electricidad y el precio que pagan los consumidores por ella– es el reconocimiento oficial, sobre todo a hidroeléctricas y nucleares, de unos costes de producción muy superiores a sus costes reales, puesto que semejantes costes reconocidos son los correspondientes a los precios con los que se retribuye a las centrales de gas y de carbón (2), obviamente más elevados por mor de su menor eficiencia (a este respecto, se calcula en 2.000-3.000M€ anuales lo que, de media, perciben estas centrales por encima de la retribución que tenían asignada cuando se construyeron)(3). De esto último no se habla, ¿por qué será? Que cada cual saque sus conclusiones.

────────────

 (1) y (3) Fabra Portela, Natalia: ¿Quién teme a las renovables? En Economistas frente a la crisis, 25/11/2013. Y, con  mayor profundidad, El sector energético español, en Papeles de economía española, nº 134.

(2) Fabra Utray, Jorge: Una reforma eléctrica contra el futuro. En Economistas frente a la crisis, 17/07/2013. Y El sector energético español, en Papeles de economía española, nº 134.

  © Álvaro César Lara, 2013 - Todos los derechos reservados.

LA ESTÉTICA DEL FRACASO

  Una vez más, hoy tengo que pediros disculpas. No es fácil para un economista encajar, día tras día, tal abundante chorreo de malas noticias con tan empecinada insistencia en que se está avanzando en la buena dirección. Así pues, en esta entrada haré un repaso, a grandes rasgos, de los resultados de la puesta en práctica de aquellas medidas aconsejadas por la doctrina económica dominante. Espero resultar didáctico y no aburrir demasiado.

                                             

                                                                                 Tesis

En el momento de la irrupción de la crisis, el diseño de la unión monetaria europea (véase mi entrada A vueltas con la economía I, de 3/6/2012) y la concepción téorico-ideológica del sector público determinaban que la única receta para estimular el crecimiento habría de consistir en la combinación de políticas de disminución del gasto público con medidas de fortalecimiento de la competitividad exterior, sobre todo a través de recortes salariales que, al elevar la productividad, permitiesen una expansión del sector exportador, siguiendo el ejemplar patrón germánico.

Por lo que respecta a la concepción teórico-ideológica del sector público, se daban por válidas dos premisas: de un lado, que la incidencia directa del gasto público sobre el crecimiento de la economía en los países desarrollados era bastante limitada (así, el FMI estimaba que cada euro público gastado tan sólo repercutía en 50 céntimos en el PIB) y, de otro, que dicho gasto comportaba un perjudicial desplazamiento de recursos desde el sector privado para poder financiarlo (efecto que se conoce como crowding-out, o efecto expulsión). Siendo esto así, lo correcto sería recortar tal gasto, de forma que, detrayéndose menos recursos del sector privado, éste, más eficiente y productivo por definición, estaría en mejor disposición de capitalizar la actividad económica.

A todo ello se añadía una intepretación peculiar de la situación española, que habría emprendido un arriesgado proceso de aumento del gasto público hasta niveles, si no insostenibles, cuanto menos inadecuados. Y tal gasto se había podido financiar gracias a una evolución ficticia de nuestra economía, alentada por la burbuja inmobiliaria. (análogamente, me remito a mi entrada A vueltas con la economía II, de 5/6/2012)

Antítesis

  

El FMI ha reconocido recientemente en sus informes sobre la economía mundial que la incidencia del gasto público en la actividad económica es mayor de lo que pensaban, cifrándola en un intervalo comprendido entre el 90 y el 170 %. Esto supone tanto una mayor capacidad de estímulo de aquél (cada euro público gastado se traduciría, como poco, en 90 céntimos de PIB, pudiendo llegar hasta 1,7 euros !) como, lo que es peor, un mayor efecto negativo en el sentido inverso, cuando el gasto público se reduce.(1)

Por otra parte, el envidiable modelo exportador alemán comienza a manifestar cierta endeblez: siguiendo, por ejemplo, al profesor Vincenç Navarro en su artículo El modelo exportador no nos sacará de la crisis(2) el crecimiento de la economía alemana está comenzando a aminorarse como consecuencia de la caída de sus exportaciones, tanto hacia la Eurozona (empobrecida por las medidas de austeridad) como hacia EEUU, China, Rusia y Japón, países éstos que a su vez están ralentizando su ritmo de crecimiento. En un escenario así, las medidas contractivas quedan en evidencia, frenando el crecimiento por el mecanismo que acabamos de explicar. Esto es, que las políticas de disminución del gasto, en ausencia de una fuerte actividad exportadora y sin posibilidad de estímulo monetario ni a través de bajadas de tipos de interés ni de devaluaciones competitivas, estarían actuando de manera procíclica, deprimiendo la demanda de consumo e inversión interna y, en definitiva, frenando la actividad.

Volviendo al caso español, hemos de rebatir la idea de que con anterioridad al desencadenamiento de la crisis nuestro nivel de gasto público fuese desmedido. Los datos lo desmienten: por una parte, el gasto público español entre 2002 y 2007 se situó entre el 38%-39% del PIB, mientras que la media de la eurozona se situaba, para esos años, entre el 48% de 2003 y el 46% de 2007; por otra, según EUROSTAT, entre 2002 y 2007 nuestro PIB per cápita alcanzó el 90% de la media de la Eurozona, mientras que el gasto social tan sólo representaba el 65% de dicha media.

Es decir, que la situación de partida al inicio de la crisis era la de una economía con un un volumen de gasto público y un desarrollo de las políticas del bienestar más bien discretos. (3)

Síntesis

El paro en España acaba de superar por primera vez en nuestra historia el escandaloso 25%, y la pérdida de riqueza de las familias se sitúa ya a la cabeza del grupo de países de la Eurozona. No hace falta que siga enumerando datos, pues en mente de todos están.

Por su parte, las cifras de coyuntura de la mayor parte de las economías europeas son bien poco halagüeñas, con tasas de variación del PIB que tienden hacerse nulas o decrecientes.(4)

Otra desgraciada consecuencia de este despropósito es el apreciable aumento de la desigualdad de rentas tanto en nuestro país como en la propia UE, observado, por ejemplo en la evolución del ratio 80/20, que mide la relación existente entre la renta disponible del 20% de la población que más ingresos percibe y la del 20% de la población con menores ingresos: si en 2008 dicho ratio arrojaba para España un valor de 5,4 (es decir, que en tal año el grupo de población representativa de los más ricos percibía ingresos 5,4 veces superiores a los del tramo de población más pobre) y un valor de 4,8 para el conjunto de países de la Eurozona; en 2011 esa cifra era del 6,8 y del 6,0, respectivamente.(5)

Cada vez, pues, van quedando menos dudas sobre lo palmario del fracaso de la imposición del dogma de la austeridad. En el caso español, el panorama evidencia un preocupante desplome de la demanda agregada: con un consumo privado deprimido por las disminuciones salariales, el desempleo y las elevaciones impositivas; una demanda de inversión minada por la incertidumbre y la alarmante carencia de crédito; un gasto público recortado hasta la saciedad y cada vez más improductivo por la creciente carga financiera de los intereses de la deuda; y un saldo exterior que sí, experimenta una ligera mejoría, pero a todas luces insuficiente.

Ya propuse algunas medidas alternativas en mis anteriores entradas, y a ellas me remito, mientras los políticos de acá siguen empeñados en manifestar que se está actuando en la buena y única dirección, con la valentía imprescindible para adoptar decisiones impopulares que propiciarán la salida de la recesión y la creación de empleo. Claro que, mientras los ciudadanos sigan comprometidos con tal discurso, la estética del fracaso seguirá acreditando su glamour.

© Álvaro César Lara. Todos los derechos reservados

---

(1) Moreno, Marco Antonio; El FMI da un giro en 180 grados y reconoce que subestimó los multiplicadores fiscales,en El blog salmón, 15/10/2012.

(2) Navarro, Vicenç; revista digital Sistema, 19 de octubre de 2012 y http://www.vnavarro.org

(3) Véase, por  ejemplo, Martín, José Moisés:¿Podemos permitirnos nuestro estado social?, en el blog “Agenda Pública” de Eldiario.es, 02/10/2012, http://www.eldiario.es/agendapublica/Podemos-permitirnos-social_6_52554746.html

(4) EUROSTAT, Gross domestic product, volumes, Percentage change q/q-4, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=teina011&tableSelection=2

(5) EUROSTAT, Income quintile share ratio (S80/S20) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi180&plugin=0 

EL MALO DE LA PELÍCULA

  Después de haber explicado en los dos artículos anteriores algunos conceptos económicos que nos permiten comprender cómo hemos llegado adonde hemos llegado, pretendo ahora poner en cuestión ciertas frases relativas a nuestro sector público –el malo de la película– que oímos machaconamente en los medios de comunicación, y que acaban calando en la población como consignas ineluctables:

  1: El elevado nivel de gasto público de la economía española se situó por encima de nuestras posibilidades y nos condujo hacia la actual crisis: para algunos políticos europeos, equiparar Grecia a España en ciertos momentos ha venido bastante bien: porque en aquélla sí que hubo bastante irresponsabilidad fiscal: sus déficits han sido reiterados en la última década, y su nivel de endeudamiento no ha dejado de ser desmedido. Pero recordemos: España tenía superávit presupuestario al inicio de la crisis; por tanto, el déficit presupuestario no puede ser la causa del problema, sino una consecuencia de la propia crisis. Más bien habría que decir que fueron los niveles de endeudamiento privado los que sí se situaron por encima de nuestras posibilidades: pero, ¿quién alimentaba este proceso? ¿acaso ello no les venía bien a los bancos? ¿ponían pegas en seguir dando créditos cuando a la vista estaba que aquella espiral crediticia no podría mantenerse?

  2: El estado español adolecía de un elevado nivel de endeudamiento: al contrario, lo que hubo y hay es un elevado nivel de endeudamiento privado, generado a la par que se inflaba la burbuja inmobiliaria, como expuse en los anteriores artículos. Por contra, antes del estallido de la burbuja, la relación deuda pública/PIB se mantenía en niveles razonables, menores que en países como Alemania. Y hoy tampoco es disparatada, pues sigue estando por debajo de la media de la eurozona.

  3: La disciplina presupuestaria y la reforma laboral crearán empleo: en todo caso facilitarán las cosas a medio y largo plazo, pero los problemas coyunturales son demasiado urgentes. Sin poner en discusión la salubridad que proporcionan unas finanzas públicas equilibradas, lo cierto es que se necesitan mayores plazos para llevar a cabo el ajuste, acompañados de mecanismos financieros homogéneos (como, por ejemplo, hubieran debido ser los eurobonos, que tendrían que haber acompañado al euro desde el mismo momento de su creación) y no reiterados sacrificios drásticos que generan los consabidos efectos: recorte del gasto público → deterioro del PIB→  deterioro de los ingresos públicos → subida de impuestos → deterioro del consumo → nuevo deterioro del PIB → mayor desconfianza de los mercados, y así ad infinitum.

  4: Los inversores desconfían de la solvencia del sector público español: sobre esto creo pertinente mencionar que en las subastas del tesoro público no suele haber problemas para colocar los volúmenes de deuda solicitados (con la prima de riesgo correspondiente). Si la desconfianza de los inversores recayera sobre la capacidad del estado para devolver su deuda no sería posible recibir financiación. Por tanto, las causas de la desconfianza hay que buscarlas más allá del comportamiento del sector público: los mercados de lo que realmente desconfían es de las economías que ni crecen ni ofrecen perspectivas de hacerlo.

A VUELTAS CON LA ECONOMÍA (2)

     Como anticipé en el artículo anterior, me dispongo en éste a analizar la formación de la burbuja inmobiliaria española. Finalizaré proponiendo algunas medidas de política económica.

         El Euro y la burbuja inmobiliaria:

La introducción del euro en el proyecto de la UE removió no pocos recelos de los inversores para invertir en economías menos desarrolladas como la española, lo cual propició la entrada de considerables flujos de capital extranjero. Tales flujos eran necesarios para financiar los déficits comerciales típicos de una economía de perfil importador, pero también sirvieron para alimentar las apetencias de un sector que desde tiempo atrás venía pegando fuerte: el de la construcción —y, en particular, el de la construcción residencial—. Dicho sector, espoleado a su vez por la política de liberalización del suelo emprendida por el partido gobernante, emprendió una senda de crecimiento que requería del concurso del ahorro exterior, puesto que la capacidad financiera propia no era suficiente. He aquí, pues, la antesala de la incipiente formación de la tan nefasta burbuja inmobiliaria.

        Uno de los rasgos característicos de la burbuja fue la acumulación de un elevado volumen de deuda privada: de los bancos españoles frente a instituciones extranjeras —porque como hemos dicho no había ahorro suficiente dentro del país— y de los promotores inmobiliarios, constructores y familias frente a nuestros bancos, que no ponían especial reparo en conceder préstamos hipotecarios, al observar que los precios de los inmuebles que garantizaban sus operaciones subían sin cesar.

        Fue por entonces cuando se hizo célebre aquella frase de “España va bien”. La economía comenzó a crecer por encima de la media europea, el paro disminuía, el estado obraba sin estrecheces —la deuda pública se mantenía en niveles discretos, al tiempo que había superávit presupuestario, garantizado por la mayor recaudación impositiva—, y el sector privado recibía los créditos que precisaba: de poco servían las advertencias de que crecer de esa manera no era saludable; nadie quería oir hablar de que el sector de la construcción, intensivo en mano de obra, tenía tanta facilidad para crear empleo de baja cualificación como para destruirlo.

         Y nada o muy poco se hizo por acometer aquellas reformas estructurales de las que tanto oímos hoy, aunque sea en otro sentido. A la clase política no le interesaba entrar a fondo en algunas deficiencias estructurales de nuestro sistema económico: entre ellas, la baja competitividad de nuestro sistema productivo, de la cual no se podía hacer responsable en exclusiva a las elevaciones salariales, sino también a unos métodos empresariales y organizativos poco eficientes. Ni tampoco le llamaba la atención reparar en ciertas facetas mejorables, como la debilidad exportadora, la discreta calidad de la enseñanza universitaria y su desconexión del mercado laboral, la eficiencia del estado autonómico, el bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo, la perfectible unidad de mercado, el prolijo funcionamiento de la administración de justicia o los obstáculos para emprender nuevos negocios. Y cuánto más grave fue no preocuparse de aquello cuando ya eran conocidos los impedimentos con los que eventualmente se habría de topar la política nacional para combatir la inercia de un ciclo económico desfavorable: me estoy refiriendo a las restricciones derivadas del diseño de la política monetaria europea, que expliqué en el artículo anterior.

        

         Por todo ello, cuando estalló la burbuja, el mecanismo de crecimiento explicado operó a la inversa sobre una estructura económica necesitada de reformas que atenuaran el impacto de una crisis precipitada desde el exterior sí, pero que de todas maneras no hubiera tardado mucho en producirse por nuestros propios méritos. Así, el frenazo de la actividad y del empleo propició una brusca caída de los ingresos tributarios, que pronto comenzó a manifestarse en el déficit de las cuentas públicas y en la subsiguiente desconfianza de los mercados de deuda, traducida en la inoportuna exigencia de suculentas primas de riesgo.

       Lo demás es conocido y sufrido por todos: con la economía en recesión y el gobierno sin poder echar mano de políticas de estímulo hasta ahora descartadas por Europa, no quedan más que dos caminos: degradar el estado, echando a perder gran parte de los avances redistributivos logrados con el esfuerzo de todos, y/o hacer el ajuste por el lado del sector privado a través de una devaluación interna, esto es, mediante un descenso de salarios, beneficios y precios que permitiese recuperar competitividad en el exterior a cambio de rebajar nuestro nivel de vida.  

        

        En cuanto a la situación del sector público, está fuera de discusión que racionalizar su gasto y disponer de unas finanzas saneadas es más que conveniente, pero en ausencia de los mecanismos de política económica citados y en presencia de inversores que desconfían de países que no crecen (inversores que, además, muchas veces provocan el autocumplimiento de sus propias perspectivas desfavorables) las cosas se complican mucho. En una economía en la que, además, el consumo público supone alrededor de un 20 por ciento del PIB, se necesitan mayores plazos para llevar a cabo el ajuste, y no drásticos sacrificios que dan cuerda a la siguiente cadena de implicaciones: recorte del gasto público → caída del PIB → deterioro de los ingresos públicos → subida de impuestos → deterioro del consumo → nuevo deterioro del PIB. Sobre esto, hay que hacer hincapié en la suma importancia que tiene la caída del consumo, si tenemos en cuenta que el gasto de los hogares españoles sobrepasa con creces el 50 por ciento del PIB: es decir, que más de la mitad de la producción total del país se destina al consumo privado, y si éste cae es difícil que la oferta –la producción– aumente.

 

          Para finalizar, después de haber expuesto en este artículo y en el anterior ciertas claves para comprender el estado actual de las cosas, dejo esbozadas algunas medidas que podrían mejorar las perspectivas de la economía española:

·  Rediseño del papel del BCE: mayor actuación a favor del crecimiento, política monetaria más expansiva. Compra activa de deuda pública de países en riesgo. Asunción de mayores tasas de inflación a corto plazo.

· Mayor integración fiscal: eurobonos o cualquier sistema de avales que permitan acabar con las primas de riesgo en las deudas soberanas de los países de la zona euro. Con ello, los inversores tendrían que invertir en bonos de la UE -sin distinción del país emisor- o en bonos nacionales de solvencia garantizada.

· Mayor integración del sistema financiero: mecanismos de apoyo directo a la banca y no meros préstamos. Fondo de garantía de depósitos europeo. En este sentido, la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) parece que podría ir en la buena dirección.

·  Políticas fiscales expansivas (aumento del gasto público, bajada de impuestos) en los países más avanzados de Europa –léase Alemania– que promuevan un crecimiento  propio que a su vez eleve precios y salarios para reequilibrar la competitividad de los países periféricos. De esto comienza a hablarse ya dentro de la misma Alemania.

· En España: política pública de I+D+i, mejora del sistema educativo, no más subidas de impuestos ni más recortes de los que se han llevado a cabo.

A VUELTAS CON LA ECONOMÍA (1)

        En vista de la creciente atención que por desgracia vienen acaparando los sucesos económicos en los últimos años, me he visto obligado a reflexionar sobre la materia. Economista a mi pesar, no he podido sustraerme a la sensación de pesadumbre que se extiende sobre los ciudadanos, los cuales asisten atónitos a un persistente aluvión de malas noticias. Así pues, me propongo explicar algunas cosas que espero sirvan para aclarar un poco lo que nos está pasando. No obstante, si alguno de vosotros es economista o tiene conocimientos de teoría económica, tendrá que disculpar ciertas explicaciones, pues este artículo, como digo, nace con pretensión didáctica.

         Primeramente voy a destacar dos aspectos fundamentales del diseño de la política monetaria europea, que inciden en la incapacidad del gobierno español para responder debidamente a la coyuntura que nos toca vivir:

         1.-BCE limitado a controlar la inflación:

Una de las funciones que cumple todo banco central en cualquier país que dispone de moneda propia es apoyar al gobierno en situaciones de falta de liquidez: así, si un gobierno se encuentra con problemas para obtener financiación en los mercados de capitales, es decir, que tiene dificultades para vender sus títulos de deuda pública –para entendernos, bonos–, el banco comprará en mayor o menor medida dichos títulos de deuda, a fin de que el estado reciba esa liquidez, ese dinero. Esta operación es, en términos técnicos, una medida de política monetaria expansiva, que con mayor o menor intensidad supone la introducción de dinero en la economía, y que mal orientada o cuantificada puede acarrear una tasa de inflación más elevada.

         Pues bien, al Banco Central Europeo, encargado de la ejecución de la política monetaria una vez introducido el euro como moneda común, se le encomendó la misión prioritaria del control de la inflación, es decir, la estabilización de los precios. Así lo dicen sus estatutos, y no cabe duda de que este objetivo ha sido cumplido con éxito, por mucho que algunos ciudadanos insistan en que la introducción del euro trajo consigo una subida de los precios.  

         El inconveniente de este diseño del BCE tan restrictivo reside en que cada país deja de contar con ese apoyo tradicional de un banco central que compra bonos del propio país cuando hay dificultades de liquidez en el tesoro público. Así, en una situación como la española, con desconfianza de los mercados por la ausencia de crecimiento económico, el estado se ve abocado a padecer gravosas primas de riesgo, sin poder hacer nada para evitarlo. Es claro que en una coyuntura de este tipo los inversores preferirán suscribir bonos de países con mejores perspectivas, como Alemania, demandando cada vez mayores rentabilidades para la deuda soberana emitida por países como España.

         2.-Pérdida del ajuste devaluador:

        

         Cuando un país dispone de su propia moneda, éste puede tomar la medida de devaluarla para reajustar la competitividad de precios y salarios en el exterior. Es decir, que la devaluación funciona como mecanismo de ajuste en coyunturas depresivas o de bajo crecimiento, en particular cuando el sector exportador es débil: así, si la moneda se devalúa en un x por cien, los salarios y precios se reducen en un x por cien frente al exterior: en definitiva, la competitividad aumenta o se recupera en ese mismo x por cien. Como todo, la devaluación no es una medida perfecta, puesto que también encarece las importaciones y suele conllevar tensiones inflacionarias.

         Obviamente, una vez introducido el euro, esta herramienta de política económica desaparece: sólo se pondría en marcha si fuese conveniente para todos los miembros de la eurozona.

         Una vez repasadas estas dos medidas de política económica, comprendemos un poco mejor las dificultades con que se encuentra la economía española para salir de la crisis: un estado con trabas para financiar su gasto a costes razonables, con un déficit público considerable –generado por la disminución de los ingresos tributarios debido a la caída de la actividad–, y sin la posibilidad de aplicar las medidas incentivadoras que acabo de exponer.

         Es evidente que la unión monetaria funcionó bastante bien mientras no hubo problemas de crecimiento ni de déficit en la mayoría de los países de la eurozona. Pero en el momento en que se han producido problemas de carácter asimétrico, es decir, que afectan a unos países en mayor medida que a otros, los países en dificultades no pueden recibir el apoyo que precisan.

        

         Si los problemas fueran comunes a todos los miembros, seguro que el BCE intervendría más ampliamente de lo que dicen sus estatutos: utilizaría los mecanismos explicados en los puntos 1 y 2 anteriores: asistiríamos a una devaluación del euro y se admitiría una mayor tasa de inflación. ¿Es lógico que el euro valga más de un 20 por ciento que el dólar? para algunos sí: Alemania tiene una elevada deuda por pagar en dólares y le conviene un euro fuerte. Por otra parte, exporta a Europa indirectamente a través de otros países con monedas débiles o devaluadas, como China, y por tanto prefiere un euro fuerte para asegurar el atractivo de sus exportaciones.

         En el próximo artículo comentaré algunos efectos que la introducción de la moneda única ha tenido en el caso particular de la economía española.